Prof. Lic. WALTER GORBAK

El control de las armas de fuego es uno de los puntos más enmarañados y controvertidos que se le puede presentar a cualquier Estado, y es un deber del mismo, por ser el titular de esa facultad indelegable.
Las diversas corrientes en cuanto a la adquisición de armas de fuego por parte de civiles, está inserta en dicha problemática, ya que según la política de Estado adoptada en la materia, tendremos ejemplos de países con menos restricciones para la adquisición de armas de fuego y otros en donde es casi inconcebible la compra de armamento por parte de particulares.

Sobre esto, y siempre que se diagraman planes específicos en este intrincado tema, es que las autoridades debiesen dar participación a los actores involucrados directa y tangencialmente, como lo son las asociaciones de tiro deportivo o de caza, los especialistas reconocidos en esta área y los ciudadanos en general, que lógicamente serán afectados por la legislación que se sancione y que podrán aportar un diagnóstico de la situación.

Para no bucear en ejemplos o recetas mágicas de otros países, que dicho sea de paso, no son para nada extrapolables hacia la República Argentina, miremos nuestra situación actual en forma reflexiva.
En la actualidad, Argentina cuenta con una amplia legislación en materia de armas de fuego, desde la Ley 20.429/73 con su decreto reglamentario 395/75, sucediéndose con el correr de los años, ampliaciones y modificaciones, ya sea mediante leyes, decretos o disposiciones emitidas por el RENAR, que exige una tarea de consulta constante de la normativa.

La tendencia que surge de este in creyendo de disposiciones, es solicitarle un mayor caudal de requisitos a los civiles que quisiesen acceder a la tenencia legal de un arma. Los requisitos de hoy son claramente más amplios que los de hace una década atrás. Éstos, tienden lógicamente a impulsar la compra y tenencia LEGAL de armas de fuego. No es mi intención discernir en este artículo si los requisitos son insuficientes o sobreabundantes, puesto que, de una u otra manera, incidiría poco o casi nada respecto al gran problema oculto de esto: el mercado ilegal de armas que alimenta entre otras cosas, la sostenida inseguridad y la comisión de delitos.

Y es aquí, ya no como especialista, sino como argentino, donde los invito a que nos detengamos en el siguiente análisis.
Muchas veces y en diversos temas se dice que la legislación está desactualizada o que la misma es insuficiente, pero no es así en el caso de las armas de fuego, en donde como toda legislación, tiene muchos puntos que pueden ser mejorados. Sin embargo, claramente hay una línea muy nítida de distinción entre las armas legales de las ilegales y por ende el tipo de sanción de los tenedores de dichas armas. Ahora bien, la gran pregunta es qué resultados se obtienen de las políticas de control de armas ilegales. La respuesta es: demasiado insignificante.

Del análisis me permitiré no citar fuentes de estadísticas oficiales ni privadas, ya que las mismas difieren en relación a los parámetros a ponderar, y a los intereses a perseguir, pero las estimaciones son que el mercado ilegal, o dicho en otros términos, que las armas de fuego que no están debidamente registradas en el RENAR, son el doble que las armas legales o correctamente registradas. Es decir, por cada arma de fuego legal o registrada habría dos armas ilegales, lo cual nos ubica como Nación muy por encima de la media que tiene cualquier país del mundo.
Actualmente se encuentran debidamente registradas ante el RENAR, 1.200.000 armas de fuego aproximadamente.
Frecuentemente se escuchan quejas de ciudadanos honestos: que ellos se ajustan a cumplir las normas, efectúan los trámites de legítimo usuario y de tenencia de armas de fuego y son permanentemente objeto de control por parte del Estado, pero que el Estado hace muy poco para ir en búsqueda de las armas ilegales. Y a decir verdad, desde esta perspectiva, no se equivocan.
De tanto en tanto surge algún proyecto de funcionarios políticos (no técnicos) en donde se plantean en forma cíclica recetas automatizadas que desde lo teórico son muy buenas o podríamos llamarles "políticamente correctas", pero que en esencia o en los resultados no son justamente las más eficaces.
Estos planes tienen como objetivo la entrega de armas ilegales, es decir, no registradas o bien de armas legales. Dependiendo del plan, se les otorga algún beneficio, como becas estudiantiles, culturales o deportivas, alimentos, bonificaciones, etc. Empero esto es como querer cubrir el sol con las manos, ya que los que se desprenden de ese material, entre otras razones, son generalmente personas responsables, que bien pudieron heredar algún arma de familiares y no les interesa conservarlas, pero ninguna mente lúcida diría que las personas que utilizan estas armas con fines delictivos, son las que canjearán o ingresarán a este plan de desarme voluntario y anónimo.....

Muchos políticos hacen alarde al plan de desarme impulsado en la provincia de Mendoza hacia el año 1998, asignándole un resultado sobresaliente, pero la realidad es que en ocho años fueron recobradas 3000 armas, algo así como 375 armas por año. Si partimos de la base que en el mercado negro hay más de 2.400.000 armas, se necesitarían 6400 años de constante voluntad de toda la ciudadanía, incluyendo a los individuos que utilizan estas armas para delinquir, para procurar una utópica erradicación.
Por ello, el Estado es indiscutiblemente el que tiene que salir en búsqueda de estas armas ilegales y no que estas armas ilegales o no registradas vayan a la búsqueda del Estado, ya que desde lo fáctico no es posible.
Creo que los ciudadanos estamos cansados hasta el hartazgo de escuchar en épocas electorales las clásicas medidas para combatir la inseguridad - los debates sobre: penas duras vs. penas blandas -, como que los lineamientos para una política de seguridad llegasen hasta allí. Sin embargo, el meollo de, por ejemplo el delito que mayormente se produce, el robo calificado por el uso de armas, es justamente la utilización de las armas de fuego para fines non santos, ya que es extremadamente baja la estadística de utilización de armas legales en la comisión de delitos (1 % frente al 99 % de las armas ilegales), por lo que el mercado ilegal de armas tiene rentabilidad y desarrollo en tanto se cometan esta clases de delitos.
De manera inversa, también el incremento de delitos de robo con armas puede deberse, entre otras variables, al incesante mercado negro de armas de fuego como facilitador, máxime si no hay investigaciones judiciales muy puntillosamente organizadas para controlarlo.

Otro punto que también necesita pulirse es el de la destrucción de las armas ilegales secuestradas y de los organismos que debieran controlar esta adecuada labor.
Sabemos lo dificultoso que resulta secuestrar y retirar del circuito ilegal un arma, pues es absolutamente injusto que dicha arma reingrese en el mencionado circuito de clandestinidad. Lamentablemente investigaciones y notas televisivas han dado cuenta de diversos lugares que contenían estas armas ilegales (depósitos, juzgados, dependencias oficiales), y en donde deshonestos funcionarios se encargaban de devolverlas al mercado negro.
El trafico de armas ocupa el segundo escalón en los delitos transnacionales por la importancia monetaria que involucra, y es también lógico que de una u otra manera, afecte a los países y a su esquema de seguridad.

A modo de breve corolario, podemos decir que es el Estado quien debe concientizar sobre el uso responsable de las armas de fuego, e ir en búsqueda de los nódulos del mercado negro de armas, como producto de una política firme y estratégicamente pensada en donde puedan articularse sincronizadamente el aparato judicial con los organismos de control, para la implementación de sanciones a los individuos partícipes de este negocio rentable. Rentable, porque un economista diría que la rentabilidad está dada también en función al riesgo y hoy el riesgo parece no preocuparles a las pequeñas o grandes organizaciones que seguramente están detrás de esta oscura práctica.

Asimismo, debe procurarse transparentar los controles de la guarda de estas armas y de su ulterior destrucción, para que mancomunadamente podamos construir un país más justo y porque no, desde mi ilusión, menos violento.




Nota: El presente artículo fue publicado en la Revista Fallos y Doctrina del mes de Noviembre de 2006.